Según da cuenta el diario local “El
chaski”, resulta que el día lunes 5 de mayo del 2014, se reunieron por que les
da la gana, “los Decanos del Colegio de Ingenieros y del Colegio de Abogados,
representantes de la Municipalidad provincial Abancay y distrital Tamburco, el
representante de los vecinos que han cedido terrenos para la Vía de Evitamiento
y un dirigente de organización de base.”
Nadie
duda que los vehículos de alto tonelaje, ómnibus, camiones y tráileres, no deben ni pueden circular por
las estrechas y congestionadas calles de Abancay, y que estos deben pasar por
un tramo, que situado en la periferia de la ciudad, forme parte de la misma
Carretera Longitudinal de la Sierra, y a la que eufemísticamente nuestros
calabazones llaman “vía de evitamiento”
Lo
que resulta raro es que este grupo de personajes convocados por el rey de las
borracheras abanquinas, se haya constituido en una supuesta "Comisión
Multisectorial" (dónde están los sectores de salud, agricultura,
transportes, educación, pesquería, industria, comercio, turismo, minería, etc.,
para que estos badulaques se autoproclamen “multisectorial”) y que en esa
reunión “el Presidente de la Cámara de Comercio señor Julio Azurín, informó que
de momento están paralizados los trabajos de construcción de la trocha
carrozable tramo Granja San Antonio-Leonpampa, para empalmar con la vía ya
existente, debido a falta de maquinarias con sus respectivas dotaciones de
combustibles”.
Lo
que está pasando es que el Gobierno Regional de Apurímac, echando mano de esta
“Comisión Multisectorial”, pero gastando recursos públicos en maquinaria,
combustible, operarios, etc., ha iniciado la construcción de una trocha
carrozable, sin contar con un Expediente Técnico, que es un requisito
indispensable para gastar dineros del erario nacional, conforme lo dispone el
numeral 3.- de la Resolución de Contralora Nº 195-88-CG, que textualmente señala:
“3. Es requisito indispensable para la
ejecución de estas obras, contar con el "Expediente Técnico",
aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo
siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto
base con su análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de
ejecución de obra.
En los casos que existan normas específicas referidas a la obra,
se recabará el pronunciamiento del sector y/o entidad que corresponda.”
Lo que es peor
el Presidente borrachón de la “Comisión Multisectorial” informa a los decanos y
delegados: “y la injerencia negativa de uno
ó dos vecinos que están soliviantando a los propietarios de terrenos, que de
inmediato deben construirles sus muros de contención, cunetas, sistemas de
desagüe, señalización y hasta semaforización”.
¡Qué buena
raza de este alcoholizador! Todos los peruanos conocemos que cualquier
propietario tiene derecho a ser amparado por el artículo 70º de la Constitución
Política del Estado, que reconoce que el derecho de propiedad es inviolable y
que a nadie puede privársele de su propiedad, sino por causa de seguridad
nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de
la indemnización justipreciada que incluya la compensación por el eventual
perjuicio.
De
lo expuesto, podemos señalar que está “Comisión Multisectorial” en complicidad
con el Gobierno Regional, se han dedicado a destruir y alterar los linderos de
las propiedades rurales de las personas que de buena fe cedieron sus tierras
bajo el engaño de que la Cámara de Comercio está construyendo una "Vía de Evitamiento", lo cual no es
ni remotamente cierto, porque su propio
presidente dice: “el tramo Granja San Antonio a Leonpampa, es
solamente apertura de trocha provisional para incentivar a que PROVIAS NACIONAL
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que será la ejecutora de la obra
de la Vía de Evitamiento, afronte en el momento de la construcción de la
carretera asfaltada, con todos los gastos que demanden la construcción de la
pista, desde el ancho de la vía, bermas, alcantarillas, obras de arte como son
pontones que servirán para que discurran las aguas captadas por sistema de
drenaje, etc. etc.”, o sea con el cuento de incentivar a PROVIAS, estos
personajes han metido los tractores del Gobierno Regional de Apurímac para
destruir las chacras de estos campesinos, sin
contar con un Expediente Técnico, ni el presupuesto correspondiente, ni
el pronunciamiento de la autoridad competente, lo que implica la comisión de
delito de usurpación previsto por el inciso 2.- del artículo 202º del Código
Penal, en su modalidad de “engaño y abuso de confianza”, sin
descontar que el uso de recursos sin este requisito, es una dolosa malversación
de fondos públicos.
¡¡¡¡DELINCUENTES!!!
Lo
que debe hacerse para la construcción de este nuevo tramo de la Carretera
Longitudinal de la Sierra por la periferia de la ciudad de Abancay, es
movilizar a la población abanquina para exigir que sea el propio Gobierno
Nacional a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien formule
el Expediente Técnico de su Construcción, por ser una carretera que corresponde
a la Red Vial Nacional, y porque por su uso los propietarios de los vehículos
que la transitan pagan peajes en la salida de la ciudad de Cusco y en la caseta
de Antarumi en el distrito de Tintay, donde se incluya la indemnización del
justiprecio de las tierras a favor de los propietarios afectados por la obra,
tal y como se ha hecho en la ampliación y pavimentación de la carretera que
entrando por Cotaruse y llegó hasta el nuevo puente Cunyac, y como se está
haciendo con la ampliación y pavimento de la carretera Abancay –Andahuaylas –
Puente Pampas con arreglo a lo dispuesto por el artículo 70º de la Constitución
Política del Perú, y no ir declarando beodamente que: “uno ó dos vecinos que están
soliviantando a los propietarios de terrenos, que de inmediato deben
construirles sus muros de contención, cunetas, sistemas de desagüe,
señalización y hasta semaforización”.
Lo que está
pasando es que en esta región, aun existe la insana costumbre de muchos
avivatos de aprovecharse de las dificultades culturales de nuestros campesinos,
sin tener el coraje de decirle que por mandato constitucional deben ser
indemnizados por la cesión de sus tierras para los fines de una obra pública
que además cobra peaje por su uso.
Si echamos pluma
al valor de estas tierras, tenemos que una carretera de la Red Nacional, debe
tener un ancho mínimo de 15 metros, si a este hecho señalamos que los
propietarios deben ceder por Derecho de Vía (“faja de terreno de ancho variable
dentro del cual se encuentra comprendida la carretera, sus obras
complementarias, servicios, áreas previstas para futuras obras de ensanche o
mejoramiento, y zonas de seguridad para el usuario. Su ancho se establece
mediante resolución del titular de la autoridad competente respectiva”, que
para el tramo de la carretera Nazca-Abancay-Cusco, según la Resolución
Ministerial Nº 718-2003-MTC/02 es de “20
metros, es decir 10 metros a cada lado del eje de la carretera y 15 metros de
propiedad restringida a cada lado del Derecho de Vía” . Con todas estas
exigencias legales el ancho de la carretera resultará de 20 metros y la
propiedad se restringirá en 30 metros; en buena cuenta la propiedad se afectará en 50 metros
lineales de ancho por el paso de la carretera; entonces si consideramos que este
tramo de la vía que sus mentores le llaman “Via de evitamiento” tiene 15
kilómetros, es decir 15,000 metros lineales de largo, el área de los terrenos
afectados asciende a 750,000 metros cuadrados, y si tomamos en cuenta que el
valor del metro cuadrado en esta parte de la ciudad tiene a la fecha un costo
de mercado de S/. 50.00 el metro cuadrado (m2), estamos hablando de que el
valor de las tierras que va afectar esta obra nacional es de S/. 37’500,000.00 (TREINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL
NUEVOS SOLES)
Si la
“Comisión Multisectorial” en su viveza e ignorancia creen que los humildes campesinos de Tamburco y Abancay
afectados por la obra, deben regalar porque a ellos les da la gana, más de 37 millones de soles al Estado Peruano,
entonces del mismo modo, Julio Azurín debe regalar a todos los borrachones de
Abancay la cerveza que vende y alojar gratis en su hotel a todos los argentinos
que hacen malabarismos en las esquinas de la ciudad, o el propietario del
Diario “El Chaski” a partir de la fecha debe obsequiar sus periódicos a toda la
ciudadanía, y todos los demás personajes que aparecen en la foto de esa
reunión, deben despojarse de sus bienes y ganancias en bien de los 150 mil
habitantes de Abancay.
Pero la verdad
del caso es que este hecho, sin dejar de ser un delito, está destinado a
contribuir a la propaganda política de la candidatura a la reelección de Elías
Segovia, porque en la misma comunicación se entrevé este propósito: “…dijo
que hoy martes a las 10 de la mañana, tendrán una reunión ya concertada con el
Presidente del Gobierno Regional en su despacho, a fin que disponga nuevamente
la presencia de tractores y volquetes con su dotación de combustibles, y de ser
posible iniciar con el lastrado de la
trocha para que esté operativa al
100%".
Lo
que sí debe hacer el Alcalde de Abancay, es convocar a la ciudadanía a un
Cabildo Abierto, para ponerle al Gobierno Nacional una fecha límite para que
los carros de alto tonelaje y los vehículos de transito circulen por nuestras estrechas y congestionadas calles
que en sus inmediaciones albergan colegios, escuelas, hospitales y hasta
templos, y a partir del vencimiento de ese plazo cerrar la ciudad con el apoyo
de las organizaciones de base. Solo así podremos hacernos oír y lograr la
formulación del Expediente Técnico con un presupuesto que incluya los 37
millones de soles, o quizás más, que se
requiere para indemnizar a los propietarios de los predios afectados y de este
modo evitar que el “maestro borrachón” y
sus compinches engañen y estafen a los humildes campesinos, lejos de preocuparse
porque sean legal y satisfactoriamente resarcidos.
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