viernes, 9 de mayo de 2014

QUE FACIL ES METER LA MANO EN LA COSA AJENA


 
      Según da cuenta el diario local “El chaski”, resulta que el día lunes 5 de mayo del 2014, se reunieron por que les da la gana, “los Decanos del Colegio de Ingenieros y del Colegio de Abogados, representantes de la Municipalidad provincial Abancay y distrital Tamburco, el representante de los vecinos que han cedido terrenos para la Vía de Evitamiento y un dirigente de organización de base.”
            Nadie duda que los vehículos de alto tonelaje, ómnibus, camiones y  tráileres, no deben ni pueden circular por las estrechas y congestionadas calles de Abancay, y que estos deben pasar por un tramo, que situado en la periferia de la ciudad, forme parte de la misma Carretera Longitudinal de la Sierra, y a la que eufemísticamente nuestros calabazones llaman “vía de evitamiento”
            Lo que resulta raro es que este grupo de personajes convocados por el rey de las borracheras abanquinas, se haya constituido en una supuesta "Comisión Multisectorial" (dónde están los sectores de salud, agricultura, transportes, educación, pesquería, industria, comercio, turismo, minería, etc., para que estos badulaques se autoproclamen “multisectorial”) y que en esa reunión “el Presidente de la Cámara de Comercio señor Julio Azurín, informó que de momento están paralizados los trabajos de construcción de la trocha carrozable tramo Granja San Antonio-Leonpampa, para empalmar con la vía ya existente, debido a falta de maquinarias con sus respectivas dotaciones de combustibles”.
            Lo que está pasando es que el Gobierno Regional de Apurímac, echando mano de esta “Comisión Multisectorial”, pero gastando recursos públicos en maquinaria, combustible, operarios, etc., ha iniciado la construcción de una trocha carrozable, sin contar con un Expediente Técnico, que es un requisito indispensable para gastar dineros del erario nacional, conforme lo dispone el numeral 3.- de la Resolución de Contralora Nº 195-88-CG, que textualmente señala:
 “3. Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras, contar con el "Expediente Técnico", aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra.
En los casos que existan normas específicas referidas a la obra, se recabará el pronunciamiento del sector y/o entidad que corresponda.”
Lo que es peor el Presidente borrachón de la “Comisión Multisectorial” informa a los decanos y delegados: “y la injerencia negativa de  uno ó dos vecinos que están soliviantando a los propietarios de terrenos, que de inmediato deben construirles sus muros de contención, cunetas, sistemas de desagüe, señalización y hasta semaforización”.
¡Qué buena raza de este alcoholizador! Todos los peruanos conocemos que cualquier propietario tiene derecho a ser amparado por el artículo 70º de la Constitución Política del Estado, que reconoce que el derecho de propiedad es inviolable y que a nadie puede privársele de su propiedad, sino por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya la compensación por el eventual perjuicio.
            De lo expuesto, podemos señalar que está “Comisión Multisectorial” en complicidad con el Gobierno Regional, se han dedicado a destruir y alterar los linderos de las propiedades rurales de las personas que de buena fe cedieron sus tierras bajo el engaño de que la Cámara de Comercio está construyendo una  "Vía de Evitamiento", lo cual no es ni remotamente cierto, porque su propio  presidente dice: “el tramo Granja San Antonio a Leonpampa, es solamente apertura de trocha provisional para incentivar a que PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que será la ejecutora de la obra de la Vía de Evitamiento, afronte en el momento de la construcción de la carretera asfaltada, con todos los gastos que demanden la construcción de la pista, desde el ancho de la vía, bermas, alcantarillas, obras de arte como son pontones que servirán para que discurran las aguas captadas por sistema de drenaje, etc. etc.”, o sea con el cuento de incentivar a PROVIAS, estos personajes han metido los tractores del Gobierno Regional de Apurímac para destruir las chacras de estos campesinos, sin  contar con un Expediente Técnico, ni el presupuesto correspondiente, ni el pronunciamiento de la autoridad competente, lo que implica la comisión de delito de usurpación previsto por el inciso 2.- del artículo 202º del Código Penal, en su modalidad de “engaño y abuso de confianza”, sin descontar que el uso de recursos sin este requisito, es una dolosa malversación de fondos públicos.
¡¡¡¡DELINCUENTES!!!
            Lo que debe hacerse para la construcción de este nuevo tramo de la Carretera Longitudinal de la Sierra por la periferia de la ciudad de Abancay, es movilizar a la población abanquina para exigir que sea el propio Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien formule el Expediente Técnico de su Construcción, por ser una carretera que corresponde a la Red Vial Nacional, y porque por su uso los propietarios de los vehículos que la transitan pagan peajes en la salida de la ciudad de Cusco y en la caseta de Antarumi en el distrito de Tintay, donde se incluya la indemnización del justiprecio de las tierras a favor de los propietarios afectados por la obra, tal y como se ha hecho en la ampliación y pavimentación de la carretera que entrando por Cotaruse y llegó hasta el nuevo puente Cunyac, y como se está haciendo con la ampliación y pavimento de la carretera Abancay –Andahuaylas – Puente Pampas con arreglo a lo dispuesto por el artículo 70º de la Constitución Política del Perú, y no ir declarando beodamente que: “uno ó dos vecinos que están soliviantando a los propietarios de terrenos, que de inmediato deben construirles sus muros de contención, cunetas, sistemas de desagüe, señalización y hasta semaforización”.
Lo que está pasando es que en esta región, aun existe la insana costumbre de muchos avivatos de aprovecharse de las dificultades culturales de nuestros campesinos, sin tener el coraje de decirle que por mandato constitucional deben ser indemnizados por la cesión de sus tierras para los fines de una obra pública que además cobra peaje por su uso.
Si echamos pluma al valor de estas tierras, tenemos que una carretera de la Red Nacional, debe tener un ancho mínimo de 15 metros, si a este hecho señalamos que los propietarios deben ceder por Derecho de Vía (“faja de terreno de ancho variable dentro del cual se encuentra comprendida la carretera, sus obras complementarias, servicios, áreas previstas para futuras obras de ensanche o mejoramiento, y zonas de seguridad para el usuario. Su ancho se establece mediante resolución del titular de la autoridad competente respectiva”, que para el tramo de la carretera Nazca-Abancay-Cusco, según la Resolución Ministerial Nº 718-2003-MTC/02 es de  “20 metros, es decir 10 metros a cada lado del eje de la carretera y 15 metros de propiedad restringida a cada lado del Derecho de Vía” . Con todas estas exigencias legales el ancho de la carretera resultará de 20 metros y la propiedad se restringirá en 30 metros; en buena cuenta  la propiedad se afectará en 50 metros lineales de ancho por el paso de la carretera; entonces si consideramos que este tramo de la vía que sus mentores le llaman “Via de evitamiento” tiene 15 kilómetros, es decir 15,000 metros lineales de largo, el área de los terrenos afectados asciende a 750,000 metros cuadrados, y si tomamos en cuenta que el valor del metro cuadrado en esta parte de la ciudad tiene a la fecha un costo de mercado de S/. 50.00 el metro cuadrado (m2), estamos hablando de que el valor de las tierras que va afectar esta obra nacional es de S/. 37’500,000.00 (TREINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL NUEVOS SOLES)
Si la “Comisión Multisectorial” en su viveza e ignorancia creen que  los humildes campesinos de Tamburco y Abancay afectados por la obra, deben regalar porque a ellos les da la gana, más de  37 millones de soles al Estado Peruano, entonces del mismo modo, Julio Azurín debe regalar a todos los borrachones de Abancay la cerveza que vende y alojar gratis en su hotel a todos los argentinos que hacen malabarismos en las esquinas de la ciudad, o el propietario del Diario “El Chaski” a partir de la fecha debe obsequiar sus periódicos a toda la ciudadanía, y todos los demás personajes que aparecen en la foto de esa reunión, deben despojarse de sus bienes y ganancias en bien de los 150 mil habitantes de Abancay.
Pero la verdad del caso es que este hecho, sin dejar de ser un delito, está destinado a contribuir a la propaganda política de la candidatura a la reelección de Elías Segovia, porque en la misma comunicación se entrevé este propósito: “…dijo que hoy martes a las 10 de la mañana, tendrán una reunión ya concertada con el Presidente del Gobierno Regional en su despacho, a fin que disponga nuevamente la presencia de tractores y volquetes con su dotación de combustibles, y de ser posible iniciar con  el lastrado de la trocha  para que esté operativa al 100%".
            Lo que sí debe hacer el Alcalde de Abancay, es convocar a la ciudadanía a un Cabildo Abierto, para ponerle al Gobierno Nacional una fecha límite para que los carros de alto tonelaje y los vehículos de transito circulen por  nuestras estrechas y congestionadas calles que en sus inmediaciones albergan colegios, escuelas, hospitales y hasta templos, y a partir del vencimiento de ese plazo cerrar la ciudad con el apoyo de las organizaciones de base. Solo así podremos hacernos oír y lograr la formulación del Expediente Técnico con un presupuesto que incluya los 37 millones de soles, o quizás más,  que se requiere para indemnizar a los propietarios de los predios afectados y de este modo evitar  que el “maestro borrachón” y sus compinches engañen y estafen a los humildes campesinos, lejos de preocuparse porque sean legal y satisfactoriamente resarcidos.

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